El pleno del Congreso aprobó el pasado jueves la reforma de la Ley del Concierto Económico Vasco con la única oposición de Ciudadanos y Compromís. El acuerdo sellado entre el gobierno español y el PNV permite que el cupo base para el año 2017 sea de 1.300 millones de euros. Pero ¿qué es el ‘cupo vasco’? ¿Qué implica? ¿Cómo se calcula?
En primer lugar, el cupo vasco es la cuantía que paga anualmente el País Vasco al Estado español para financiar todos los servicios que están centralizados, pero de los que también se benefician los ciudadanos vascos, esto es el gasto en Defensa, Asuntos Exteriores e Infraestructuras, y que técnicamente se denominan ‘cargas no asumidas’.
Esto es así porque prácticamente la totalidad de los impuestos en esta Comunidad Autónoma son cobrados por la Hacienda foral -entre ellos el IVA, IRPF, el Impuesto de Sociedades y Sucesiones- y no por la Agencia Tributaria, como ocurre con el resto de CC.AA. Por lo tanto el Gobierno vasco, tal y como indica la Constitución Española, tiene que pagar una especie de cupo por los servicios prestados en dicha Comunidad y que corren a cargo del Estado.
A la hora de calcular estas ‘cargas’ lo que se hace es estimar el gasto realizado en la totalidad del Estado y se aplica un coeficiente para saber qué parte de la financiación le correspondería al País Vasco. Dicho coeficiente es la relación entre la renta de la región y el total de la renta nacional y, desde 1982 -cuando se calculó- es del 6,24%. Sin embargo, y a pesar de que la economía vasca ha crecido por encima de la media española durante todos estos años, el porcentaje se ha mantenido sin alterar.
En cuanto a su origen, el concierto vasco surge tras la abolición foral, después de la finalización de la II Guerra Carlista a finales del siglo XIX, como un sistema de contribución de las provincias vascas a las finanzas de España. Esto quiere decir que desde 1878 ha sido renovado sucesivamente hasta nuestros días. Siendo la época franquista el único momento en el que se suspendió su aplicación en Vizcaya y Guipúzcoa -en Álava se mantuvo-, por considerarlas provincias traidoras.
En definitiva, la mayoría de los expertos en materia de financiación autonómica creen que el cupo vasco es un sistema que da privilegios al País Vasco y provoca agravios al resto de Comunidades Autónomas de España. Y es que, a pesar de aportar al fondo de solidaridad en el que colaboran el resto de territorios, su aportación al Estado no es directamente proporcional, pues hablamos de una de las regiones con la renta per cápita más alta del país.